Este suceso marca su talante democrático o su capacidad intelectual. Esta conducta, necesariamente, acabará, como tantas veces, en una sanción económica que nos impondrá la UE, y que pagaremos todos los ciudadanos.
Ésta gente, Rajoy & Cia, por la costumbre de abusar de su mayoría absoluta parlamentaria, han desarrollado el deseo de, siempre, hacer los que les sale de los coj.... No respetan nada ni a nadie. No distinguen entre lo normal y la delincuencia. El Presidente, que debía saber lo que ocurre con el ministro, o quizás por ello, lo ha incluído en sus listas electorales. Parece que hasta el desacato a las normas y exigencias europeas se las pasa por el arco del triunfo. Las encuestas, recogiendo el sentir popular, le dicen al PP y a Rajoy que Montoro es rechazado por la ciudadanía pero Mariano, a pesar de todo, le ha metido en sus listas. Parece que el hecho de ser denunciado ante la Audiencia Nacional, en el PP es considerado como una alabanza. ¡Vergüenza de País, vergüenza de partido, y vergüenza de Rajoy!
Por lo expuesto y por el concepto que demuestran los del PP con todo lo que se relaciona con la mentira y la corrupción..., ¿Puede quedar en la nación, alguien que les entregue su voto?. Mientras el PP no obligue a los fugadores de capitales, a que mantengan al país con sus impuestos, a España no la podrán sacar del atolladero, los que la han metido. Los ciudadanos pauperizados no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. De entre todo lo que se nos ofrece, solo podrá salvarnos PODEMOS, por eso todos los "crisisadores" (1), se dedican a degollarles.
(1).Fabricantes de crisis
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"Según el acta, la AIReF intentó convencer previamente al Ministerio de que le facilitara el acceso directo presentando alegaciones durante meses "de manera constructiva". "No obstante lo anterior, analizado el texto definitivo de la Orden publicada en el BOE, pudo comprobarse que, en el mismo, se había hecho caso omiso a la mayoría de las alegaciones y habían persistido algunas previsiones que eran contrarias a la Ley Orgánica 6/2014 y al Real Decreto 215/2014", señala la institución independiente.
La citada Ley Orgánica de 14 de noviembre de 2013 es la de creación de la AIReF y el citado Real Decreto, el que aprueba su estatuto orgánico. En él se faculta a Escrivá a "solicitar a cualquier administración pública" la información adicional que necesite para evaluar cómo cumplen el control del déficit. Sin embargo, en la Orden Ministerial se establece que deberá hacerlo a través de Hacienda y no recabar nada a nadie sin que lo sepa el Ministerio. Según la AIReF, con ello se produce "una extralimitación reglamentaria determinante de nulidad de pleno derecho de la Orden Ministerial". "La introducción de un filtro previo es incompatible con la expresión 'directamente' recogida en la Ley", argumenta."
(COPIO, CORTO Y PEGO)
ESPAÑA
La Autoridad Fiscal denuncia a Montoro ante la Audiencia Nacional 
Actualizado 12/11/201500:20
En una inédita muestra de independencia por parte de un organismo del Estado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha decidido llevar al Ministerio de Hacienda ante la Audiencia Nacional. Lo hace, "en defensa" de su "autonomía e independencia", porque considera que el Departamento que dirige Montoro obstaculiza su labor supervisora de la lucha contra el déficit, según un documento de la propia institución. Este choque interno en la Administración Central tendrá repercusión internacional, puesto que la AIReF es un organismo del Estado que fue creado en 2013 a petición expresa de la Comisión Europea. Bruselas quiere que un organismo español independiente supervise en el Estado el control de las cuentas públicas.
La autoridad fiscal ataca una orden ministerial firmada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se "extralimita" y "vulnera la autonomía e independencia de la AIReF", por lo que presentará una denuncia de impugnación ante la Audiencia Nacional por lo contencioso administrativo.
La acusación es que el Ministerio "establece obstáculos" al derecho del organismo a acceder a información de forma ágil y flexible de, sobre todo, comunidades autónomas y ayuntamientos dificultando su obligación de obtener un mapa preciso de cómo evoluciona el déficit público en el Estado, según la AIReF. Sus informes son la referencia que utiliza la Comisión Europea a la hora de juzgar si el España respeta sus compromisos de estabilidad presupuestaria.
La decisión de denunciar al Ministerio figura en el acta número 45 del Comité Directivo de la AIReF fechada el pasado 4 de noviembre. En ella se relata que "el presidente de la AIReF [José Luis Escrivá], previa deliberación favorable del Comité Directivo, y en defensa de la de la autonomía e independencia de la institución, acuerda impugnar la Orden HAP/1287/2015 ante los Tribunales".
Esta orden de Montoro fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de julio y en ella regula "la información" que el Ministerio pone a disposición de la AIReF y "los procedimientos" que debe seguir. La institución que preside Escrivá considera que el Ministerio le dificulta "el acceso directo a información", de modo que la Autoridad Fiscal tiene difícil solicitar datos directos a comunidades y ayuntamientos sin pasar por el filtro de Hacienda, pese a que ésta es una de sus competencias legales clave, en su opinión.
Escrivá, ex jefe de estudios del BBVA, ya advirtió desde su toma de posesión que solo concebía su puesto si podía ejercerlo de forma eficaz e independiente; y se muestra dispuesto a jugar fuerte en el empeño.
Montoro, por su parte, sostiene en su orden ministerial que se limita a desarrollar la Ley con el objetivo de no sólo poner datos a disposición de la AIReF sino también de "coordinar los flujos de información a la citada Autoridad con los ya existentes entre las Administraciones Públicas a efectos de evitar la aparición de duplicidades e ineficiencias". Justifica centralizar el suministro de los datos para "evitar a las restantes Administraciones Públicas la duplicación innecesaria de los canales de suministro de información".
Según el acta, la AIReF intentó convencer previamente al Ministerio de que le facilitara el acceso directo presentando alegaciones durante meses "de manera constructiva". "No obstante lo anterior, analizado el texto definitivo de la Orden publicada en el BOE, pudo comprobarse que, en el mismo, se había hecho caso omiso a la mayoría de las alegaciones y habían persistido algunas previsiones que eran contrarias a la Ley Orgánica 6/2014 y al Real Decreto 215/2014", señala la institución independiente.
La citada Ley Orgánica de 14 de noviembre de 2013 es la de creación de la AIReF y el citado Real Decreto, el que aprueba su estatuto orgánico. En él se faculta a Escrivá a "solicitar a cualquier administración pública" la información adicional que necesite para evaluar cómo cumplen el control del déficit. Sin embargo, en la Orden Ministerial se establece que deberá hacerlo a través de Hacienda y no recabar nada a nadie sin que lo sepa el Ministerio. Según la AIReF, con ello se produce "una extralimitación reglamentaria determinante de nulidad de pleno derecho de la Orden Ministerial". "La introducción de un filtro previo es incompatible con la expresión 'directamente' recogida en la Ley", argumenta.
Tras la publicación en el BOE y pasados tres meses -incluido el vacacional de agosto- Escrivá envió una carta a Montoro el pasado 29 de septiembre en la que "le solicitaba expresamente la derogación o modificación de la Orden". Sin embargo, "con fecha 28 de octubre de 2015, se ha recibido una resolución del Ministerio que, sin entrar a rebatir los argumentos expuestos, inadmite el requerimiento de modificación o derogación".
Esa posición del ministro es la que ha desencadenado la decisión de denunciar ante la Audiencia Nacional al considerar la AIReF agotada cualquier posibilidad de acuerdo con Hacienda.
En esta batalla judicial tan insólita, la Abogacía del Estado se inhibe y declina en esta ocasión defender a la AIReF, por "conflicto de intereses". Por tanto, la Abogacía estatal "no podrá asesorar ni representar ni defender en juicio a esta institución", que deberá por tanto contratar un abogado privado y procurador.
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