No comprenden que en la democracia se gana o se pierde por decisión popular. Alaban a los votantes cuando el resultado les favorece, sin mirar si los han engañado anteriormente, y los insultan cuando el resultado se le presenta adverso. Hay que lanzar un ¡Olé! a los policías que han sabido cumplir las órdenes de los cargos elegidos por decisión popular.
Ellos, los salientes, en su inmoralidad, se rodeaban de prepotencia y engreimiento, los cuales no les dejaba ver que podían perder, por lo que hacían. Así ha resultado, la ciudadanía les ha arrojado del poder. Entonces han comprendido que la documentación que creían asegurada, en el secreto de sus cajones, les comprometía y han decidido invadir el Consistorio para destruir las pruebas. Eso no es decente, destruir los documentos que les compromete, es demostrar que están comprometidos por inmorales, que son bárbaros, y que su actitud encierra criminalidad, por lo menos.
Lo verdaderamente trágico es que ésto no es un hecho aislado. Ha sido mas común de lo deseado en ayuntamientos que, como el de Gandia, estaba regido por el PP, con su forma de ver las cosas. Estaban acostumbrados a la corrupción porque sabían que tras ésta, vendría la IMPUNIDAD.
Como han sido pillados con el carrito de los helados, solo les queda rendir cuentas a quien se las pida. Las han hecho y ahora les toca pagarlas. Además, su situación puede ser agravada, por los insultos vertidos contra los que solo aplican decencia al asunto.
¡Ajo y agua!.
¡Bastante hemos padecido los sufridores!. Ahora solo pedimos justicia, no venganza.
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yo me tiro al monte
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- o O o -
La Policía de Gandia impide al exalcalde entrar en el consistorio para que no se lleve documentos
Publicado el 16 jun 2015
por YTM
Intentos de entrar en el ayuntamiento de madrugada, concejales del anterior gobierno que exigían poder entrar en los despachos y un exalcalde que intenta seguir ejerciendo como presidente de la empresa de (IPG), de la que el socio único es el propio ayuntamiento, y a quien la nueva alcaldesa le para los pies impidiendo, con dos policías locales, que acceda a la sede.
Así de histérico ha sido el traspaso de poderes del Ayuntamiento de Gandia, que en los últimos cuatro años ha sido dirigido por el PP y que ahora ha pasado a manos de la alcaldesa, Diana Morant, y de los grupos socialista, Més Gandia y Ciudadanos, que se han puesto al frente de la nueva administración local.
La primera orden que dio la alcaldesa Morant, minutos después de ser investida en el cargo, fue cerrar todos los despachos y dependencias municipales hasta primera hora de la mañana del lunes. La policía local y varios funcionarios se encargaron de ello. Pese a eso, hubo al menos tres intentos de acceder a dependencias municipales por parte de personal de confianza del anterior gobierno del PP. Una asesora accedió al consistorio a la 1.30 de la madrugada del domingo, pero consciente de que la policía ya estaba controlándolo todo, dijo que necesitaba ir al aseo. Los agentes le permitieron hacer uso del lavabo, pero no que se llevara nada de la segunda planta, en la que se encuentran las dependencias de Alcaldía y los despachos de los concejales del anterior gobierno local. A las 3 de la madrugada se presentaron otros asesores en la sede de la empresa IPG. Nadie pudo entrar. A las 6 de la madrugada regresaron, y tampoco.
A primera hora de la mañana concejales y cargos de confianza del PP se presentaron en el ayuntamiento para entrar en lo que habían sido sus despachos. Todo estaba cerrado por orden de la alcaldesa, y fue entonces cuando se produjeron los primeros gritos. Entre otras expresiones, el exalcalde del PP, Arturo Torró, dejó estupefacto a Nahuel González, concejal de Més Gandia y miembro de EU, cuando le gritó: «¡Ya lo habéis conseguido. Esto es un estado policial!». Torró también acusó al nuevo gobierno de «convertir Gandia en Venezuela y Cuba». De tal calibre fue el revuelo armado en la segunda planta, con golpes en la mesa y portazos incluidos, que se tuvo que suspender la reunión de los concejales del nuevo gobierno local. Lorena Milvaques, de Més Gandia, pidió calma y tranquilidad al exalcalde, mientras que Alícia Izquierdo, señaló que le atendería si dejaba de levantar la voz. Para evitar incidentes, se requirió la presencia de la policía local.
Poco después la escena se trasladó a la calle. Torró intentó acceder a la sede de IPG alegando que aún es presidente de la empresa pública municipal. Dos agentes de la policía local se lo impidieron, tanto a él como a trabajadores y personal de confianza que está en la nómina de esa mercantil. Una decena de ellos, con Torró al frente, se quedaron en la calle. El exalcalde del PP trató de buscar amparo en la portavoz de Més Gandia, Lorena Milvaques, pero no lo logró y los agentes de la policía insistieron en impedirle el paso a las oficinas de IPG y al ayuntamiento. Visto lo visto, Torró solicitó un escrito del secretario de la empresa pública, Robert Santatecla, en el que certificaba que seguía siendo el presidente de IPG, y después solicitó la presencia de un notario para que levantara acta de que la policía, por orden de la alcaldesa, le impedía el acceso. La medida no alteró los planes de Diana Morant, que firmó un decreto por el que encarga a la policía que custodie todos los soportes en los que pueda haber documentación institucional, bien sea del consitorio o de la firma pública.
«Gentuza en los despachos»
Allí mismo, ante la sede de IPG, Arturo Torró convocó a la prensa y, tras denunciar que habían impedido recoger «retratos y enseres personales» suyos y de los concejales que hasta ahora han gobernado Gandia, acusó a la alcaldesa Morant de ser «una marioneta en manos de Orengo y de Mascarell». El tono fue a más y el líder del PP dijo entonces que «nos han robado la alcaldía», que los nuevos gobernantes «han instalado el chavismo en Gandia» y, refiriéndose a militantes del PSPV, concluyó: «Tenemos que aguantar a esta gentuza que ha venido a invadir los despachos».
levante-emv
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